¿Gana la banca?

17 Julio 2013 por Elisabet Planas

La Torre - Julio 2013

Los últimos días han finalizado para muchos terrasenses afectados los procesos de canje de participaciones preferentes y otros productos similares de Bankia y Catalunya Caixa. A pesar de poner fin a la tenencia de estos productos, y por lo tanto, parecer que se sacan un peso de encima, realmente para la mayoría la pesadilla no ha acabado todavía. Y es que del capital invertido en la compra de estos productos financieros recuperan sólo una parte y el camino para conseguir la devolución de la totalidad se les presenta turbio.

A todos los terrasenses afectados que hayan seguido estos procesos sin acompañamiento profesional, seguro que les es muy familiar esta historia. Incluso con asesoramiento profesional, los clientes de estos bancos se encuentran perdidos, en concreto, en un mar de dudas: “¿reclamo o no?”.

Si tenemos en cuenta que muchos de los afectados son personas de edad avanzada que en este momento de su vida ya no contaban encontrarse con este tipo de problemas, con sus ahorros enganchados y con pensiones cada vez más bajas, la magnitud del asunto aumenta.

De hecho, sólo hay que recordar que la actitud de la banca hoy, la de dar una mínima solución a los preferentistas, encuentra su origen en resoluciones de la Comisión Rectora del FROB que determinan el procedimiento obligatorio de canje y eventual recompra a los afectados concretando también las quitas y pérdidas del capital invertido. Que un organismo público haya intervenido en esta cuestión revela la gravedad de la misma, y, por lo tanto, nos encontramos ante un reconocimiento implícito de que las cosas se hicieron muy mal, no ya sólo por parte de la banca, sino por la entidad pública que tenía que someter su actividad a control.

Pues bien, con posterioridad a este parche ordenado por el FROB (el canje obligatorio), se puede reclamar la recuperación del 100% del capital invertido. ¿Cómo? Tanto a través del arbitraje, como por la vía judicial. Y aquí llega la cuestión principal: ¿cuál es la mejor opción para recuperar el dinero que invertí?

En primer lugar, se tendrá que valorar la opción más conveniente a su situación, el importe invertido y la entidad financiera que los emitió. Con estos factores se podrá determinar cuál es la vía más recomendable, si presentar una demanda judicial o solicitar el arbitraje. Este último es gratuito y supone un sistema extrajudicial voluntario que resuelve conflictos entre consumidores y empresas a través de una resolución que dicta un tercero (laudo), que es de obligado cumplimiento y que no admite recurso. La vía judicial, por el contrario, es de pago pero ofrece unas mayores garantías y permite recurrir en caso de disconformidad con la resolución.

Si quieren un consejo, no dejen ganar la banca. Si lo hacemos, si le permitimos vencer otra vez, ¿quién le impedirá volver a engañarnos para salir siempre beneficiada ella?



Indemnizaciones y mala praxis sanitaria

4 Abril 2013 por Joan Planas

DIARI DE TERRASSA

Leo dos noticias jurídicas, que brevemente no me resisto a comentar y entrelazar.

En la primera, la estadística oficial de la Administración de Justicia cifra en 287 días los que tarda en resolverse un pleito (en tener sentencia, no en cobrar).

La segunda es una Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de este año 2013, en la que condena por mala praxis sanitaria al Servicio Madrileño de Salud, el de un caso de una punción cerebral que se realizó en el Hospital del Niño Jesús de Madrid.

La intervención se produjo el 12 de noviembre de 2007 y el 2013 se reconoce el derecho del menor intervenido y los padres a una indemnización de 157.500.-€.

Más allá de haber entrelazado ambos temas por su vículo temporal, debe hacerse un breve comentario sobre la sentencia “sanitaria”.

El hecho es que el menor objeto del pleito sufre daños neurológicos por un error en una intervención que se le practicó (se le debía realizar un drenaje cerebral, pero por un error en el marcaje de las dianas en la cabeza para indicar el lugar del abordaje quirúrgico, se le realizó la punción en una zona errónea y se procedió a extraer material cerebral sano). El resultado es que el menor sufre daños neurológicos.

Siendo el tema tan fácil de entender, ¿por qué tardan tanto en resolverse problemas tan angustiosos y delicados? Cualquier lector convendrá conmigo que técnicamente es fácil que el médico que recomendó la intervención, confirme que el lugar no era el indicado y a partir de ahí fijar sólo el importe de la indemnización.

Pero contra ello, una vez los padres formularon la correspondiente reclamación patrimonial el 31 de julio de 2009, la Comunidad de Madrid (como podría pasar también en Catalunya), en lugar de contestar, calla, con la cual cosa se aplica el criterio del silencio administrativo negativo. Ante la negativa (silenciosa, pero negativa), los padres reclaman la indemnización ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, tanto para el menor, como para los perjuicios que a ellos les ha supuesto.

La sentencia reconoce la mala praxis y estima que la indemnización debe abordar todos los daños y perjuicios sufridos, incluso el daño moral (del que próximamente hablaremos), hasta conseguir su reparación integral, incluyendo la indemnización del daño corporal causado.

Por cierto, a diferencia de lo sucedía anteriormente, en nuestro país, cada vez son más las reclamaciones que se interponen por temas de responsabilidad civil en materia sanitaria (ciertamente estas reclamaciones encarecen los presupuestos, pero este no puede ser argumento para desincentivar cualquier reclamación, cuando se han producido daños ciertos).



El Registro de inquilinos morosos

14 Febrero 2013 por Joan Planas

DIARI DE TERRASSA

El día 3 de mayo de 2012 comentábamos en esta misma sección, la posible creación por parte del Gobierno del Estado de un Registro Público de Inquilinos Morosos (ya que constaba en el “Programa de Reformas” enviado por el Gobierno español a la Unión Europea, donde se decía que “se estudiará” la creación de este registro, así como modificará la Ley de Arrendamientos Urbanos y la Ley de Enjuiciamiento Civil para mejorar la protección jurídica de los propietarios, y favorecer más los alquileres).

Pues bien, estando en tramitación el “Proyecto de Ley de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas”, el 5 de febrero de 2013 el PP ha presentado una enmienda para que se cree, con otro nombre un tanto más eufemístico que ese registro, el “Registro de Sentencias firmes de impagos de rentas de alquiler” (parece que tienen cierto reparo en decir las cosas por su nombre).

En este registro se recogerán los datos de todos los ciudadanos que hayan sido condenados -mediante sentencia firme, judicialmente en un desahucio o por la vía del laudo arbitral- por no haber cumplido sus obligaciones de pago.

El objetivo es que puedan ser conocidos por los arrendadores.

A fin de conocer si una persona está inscrita en el mismo, o no, será necesario acreditar una propuesta de contrato donde conste la identificación de la persona del inquilino o arrendatario, y entonces el Registro informará sobre si esta persona consta o no.

A fin de poderlo gestionar, los secretarios judiciales o los órganos de arbitraje competentes, deberán remitir la información que se determini de estas personas en el Registro.

El objetivo legal es de prevención y control, para incrementar la seguridad de los arrendadores y se cancelarán los datos del inquilino cuando pasen un máximo de seis años o cuando el ex-inquilino acredite haber pagado la deuda que tenía.

Hace años, la Cambra de la Propietat Urbana de Terrassa i Comarca (concretamente a finales de los 80), intentó crear este Registro, pero cuando lo tenía avanzado, los Juzgados lo vetaron (posiblemente por protección de datos tenían razón y hacía falta una Ley que lo autorizara, per han tardado 25 años desde entonces).

Con todo, si tenemos presente que la sentencia debe ser firme para inscribirse -la cual cosa nos parece bien- si el inquilino moroso busca piso antes que la sentencia sea firme (y quizás la recurre porque muchas veces ni pagará la tasa judicial por tener justicia gratuita), entonces el Registro no tendrá efectos inmediatos y será posible que quede empantanado el siguiente arrendador que le alquile una vivienda contanto que el inquilino no figura como moroso.

Bien, veremos como acaba en la Ley y seguiremos hablando de ello.



¿Es válida la cláusula suelo o techo de mi préstamo?

8 Febrero 2013 por Elisabet Planas

REVISTA LLOCS - Febrero  2013 - Núm. 27

Las cláusulas suelo y las cláusulas techo son aquellas que en un contrato de préstamo con pacto de intereses variables, fijan unos límites a esta variabilidad del tipo de interés tanto por arriba como por abajo. Es decir, que en la suelo, si el tipo de interés baja por debajo del valor que se ha establecido en la cláusula, el cliente no se beneficia de la bajada, sino sólo el banco, estando obligado por dicha cláusula el cliente a pagar los intereses que el tipo mínimo previsto en la cláusula suelo le marca.

Des de asociaciones de defensa de los consumidores, así como por algunos tribunales que han dictado resoluciones en este sentido, se ha cuestionado la validez de este tipo de cláusulas por considerar que son abusivas y, por lo tanto, nulas de pleno derecho, que se deben tener por no puestas en el contrato que el consumidor un buen día firmó con el banco.

Según la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, son cláusulas abusivas todas aquellas estipulaciones no negociadas individualmente ni consentidas expresamente, contrarias a la buena fe, que causen, en perjuicio del consumidor y usuario, un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes de un contrato.

A priori, con esta información y con la ley en la mano es lógico pensar que toda cláusula suelo y toda cláusula techo es nula, verdad? Pero la realidad es otra. Si bien la ley establece claramente cuando se entiende que una cláusula contractual es abusiva, no determina que toda cláusula suelo o techo lo sea, sino que serán los juzgados y tribunales los que deberán apreciar dicha condición.

Y la cuestión no es pacífica, créanme. Los juzgados y tribunales no mantienen una posición unánime al respecto, y es por ello que tanto podemos encontrar sentencias que declaren abusivas y, por tanto, nulas este tipo de cláusulas, como sentencias que de acuerdo con las circunstancias del caso, consideren que no lo son. Así, existen sentencias que avalan que la existencia de cláusula suelo sin cláusula techo es abusiva, ya que lo que provoca es que el único beneficiario de la variabilidad del tipo de interés sea el banco (si baja el tipo de interes por debajo del suelo el cliente no se beneficia y en cambio si sube sin límite siempre gana el banco en perjuicio del cliente); así como que la existencia tanto de cláusula suelo y cláusula techo no siempre suponen el equilibrio de las partes en el contrato de préstamo, si estas no són proporcionales la una con la otra (supongamos un suelo muy alto y un techo altísimo), y por tanto son abusivas. Pero también hay quienes consideran que no lo son, bien porque faltan los requisitos para declararla nula, bien porque entienden que la legalidad de estas cláusulas se deriva de la propia normativa europea, que prevé su existencia.



Abogados, Justicia y tasas

7 Febrero 2013 por Joan Planas

DIARI DE TERRASSA

Si la construcción era el triste motor de la economía -y la frase es para llenar libros sobre el monocultivo que la construcción resultó ser para la economía catalana y la desviación que eso supuso para inversiones en economía productiva hacia el tocho y hacia la corrupción o gastos faraónicos- hoy es el lastre número uno, aún, de la economía catalana y española.

Podemos decir, sin ninguna duda en la afirmación, que si mañana explotan (a la derecha española siempre le ha gustado decir que explotar sólo se explota a los obreros, que debemos decir, si no se trata de obreros, explosionar), cuatro u ocho bombas en diferentes lugares simbólicos turísticos del Estado (Mallorca, Barcelona, Madrid o Valencia), muero el tocho y afectado el turismo la economía española se iría a hacer puñetas irremediablemente. Tanto si son bombas de terroristas islamistas, como si son de otro tipo (debemos tenerlo presente, pues nuestra economía es de cristal). Pensemos que hoy el turismo en España no ha caído más “gracias” a los problemas de inestabilidad de Egipto y el resto de países con problemas de seguridad que eran competencia nuestra.

Pues bien, la quiebra de la construcción ha arrastrado a las actuales cifras de paro, que entre los profesionales liberales del ramo, arquitectos, arquitectos-técnicos o aparejadores (obviamente también a la resta de personal), hace años que son protagonistas. Además, como se trata de profesionales liberales, el paro no les ampara y tienen que sobrevivir en la miseria conjunta más absoluta. Ayer, por ejemplo, como administrador de fincas que soy, me llega un correo electrónico en el que un despacho de estos profesionals oferta hacer las ITE (Inspecciones Técnicas de Edificios) a coste cero (imposible, pues existe una tasa de la Generalitat que sube más que lo que se contaba de honorarios para hacer la inspección). Eso quiere decir que hay gente -profesionales- dispuestos a trabajar a coste cero, esperando poder cobrar de las obras que se les encarguen para las deficiencias que encuentren en los edificios inspeccionados (no creo que el coste cero sea muy buena propaganda).

Y en este marco, resulta que las estadísticas cifran en un 74% los abogados que manifiestan que en la situación actual no se ven capaces de seguir.

Y es que si de la situación actual no se escapa nadie, a pesar de los Bárcenas y cargos públicos del PP que hayan cobrado o cobren negados sobresueldos u otros políticos que viven entre la corrupción y cargos hechos a medida en la administración pública o en empresas públicas que conforman el pesebre de toda la miseria ciudadana, a los abogados -muchos sin otro despacho ni personal que no sea el propio domicilio o un bar o establecimiento público cercano a los edificios judiciales y un teléfono móvil desde el que atender alguna llamada que pueda caer- les acaba de tocar el gordo. El Estado impone unas tasas abusivas, con las que pretende descolapsar la Justicia a base de cerrar la puerta a su acceso, arrasa con las tasas mínimas de la Generalitat, se lleva mucho dinero a Madrid, que jamás volveremos a ver, y en el impedir a los ciudadanos el acceso a laJusticia, acaba con todo el sector de los abogados y procuradores (de los que ya se prevé su desaparición por ley). Por cierto, es difícil entender como mucha alta magistratura (no los Jueces de ciudad a cargo de un Juzgado normal), acumula trabajo y trabajo y, en cambio, tiene tiempo de sobras para conferencias, libros, programas de televisión, artículos y demás actividades compatibles y onerosas.

En fin, no creo que sea necesario más comentario, que el lector saque sus propias conclusiones, ya que a partir de ahí los comentarios que haríamos serían casi disparates.