Herencias catalanas en el 2009

26 Abril 2009 por Joan Planas

 

Artículo publicado el 17/12/2008

 

El 1 de enero de 2009 entra en vigor la nueva regulación de las herencias en Cataluña.

Es preciso advertir, antes que nada al lector, que esta reforma no afecta al ámbito tributario, es decir, no va dirigida al tema de los impuestos, sino a la regulación de los efectos civiles de la herencia.

Si el año 1991 se llevó a cabo una actualización de la normativa de las herencias con el Código de Sucesiones, la promulgación de la ley 10/2008, de 10 de julio DOGC núm. 5175 - 17/07/2008, incorpora un texto nuevo, en el que se introducen ciertas reformas, y supone incorporar al Código Civil de Cataluña el libro cuarto, relativo a sucesiones.

Esto quiere decir que para las herencias o sucesiones que se abran a partir de esa fecha (1/1/2009), en que entra en vigor la nueva ley, hay novedades. Dejando a un lado temas demasiado técnicos, cabe destacar, entre las novedades un tema estrella a la práctica, que los que nos dedicamos profesionalmente a esta rama del derecho aplaudimos, es la de ayudar a resolver el problema que se da cuando hay varios hrederos y unos quieren aceptar la herencia y los otros la quieren dejar dormir (de ahí el nombre de herencia yacente), porque o bien les vaya bien o porque quieran esperar a la prescirpción del gravoso impuesto de sucesiones. La ley premia al de los herederos que aceptan la herencia, sobre los que la dejan dormir, otorgando a los que aceptan la administración ordinaria de la herencia.

Es sabido también, porque ya se ha comentado, que la norma redefine y amplia las causas de indignidad, extendiendo a los que cometen delitos de lesiones graves, contra la libertad, torturas, contra la integridad moral -incluyendo delitos de violencia familiar y de género- o contra la libertad y la indemnidad sexuales, siempre que sean víctimas el causante u otras personas de su núcleo familiar. También se amplia el supuesto de indignidad por causa de impago de prestaciones económica impuestas en procesos matrimoniales, etc.

Otros aspecto práctico importante, discutido a su vez, es imponer limitaciones a que personas que mediante contrato prestan servicios al causante, sean favorecidas en su sucesión, exigiendo que la disposición se haga mediante testamento notarial abierto.

En relación a las herencias sin testamento y las relaciones de pareja, se reconocen derechos sucesorios al conviventeen unión estable de pareja en plano de igualdad con el cónyuge viudo, siempre que la conviencia haya perdurado hasta el momento de la muerte del otro miembro de la pareja y con independencia que se trate de una pareja heterosexual u homosexual. La apertura del matrimonio a las parejas homosexuales vacia de sentido el trato diferencial de las relaciones de pareja en función de la orientación sexual de los conviventes; por esto, se elimina la dualidad de regímenes. La nueva normativa con carácter general, asimila los derechos sucesorios de los convivientes (comunidad de vida estable con lazos de afecto) al de los cónyuges, más allá del propio vínculo de unión o formación de la pareja.

Mejora la posición del cónyuge viudo (o pareja) cuando conurre la sucesión intestada con descendientes, estableciendo la opción de conmutar el derecho de usufructo universal por el usufructo de vivienda familiar, si pertenecía al difunto, y una cuarta parte de la alícuota de la herencia, una vez descontado el valor del usufructo mencionado. Esta facultad de conmutación, que el viudo o conviviente tiene durante el años iguiente a la apertura de la sucesión, mejora sensiblemente la posición de este en la sucesión intestada, como también la refuerza el hecho que estos usufructos, tanto el universal como el que recae sobre la vivienta, tengan carácter vitalicio y no se pierdan por el hecho de contraer nuevo matrimonio o iniciar una nueva convivencia.

Retengamos pues el hecho que la nueva normativa se aplicará a partir del 1 de enero de 2009 (hay otras novedades técnicas con trascendencia práctica suficiente importantes, que nos ahorramos ahora para no adormecerlos).



Administradores sociales y deudas empresariales

23 Abril 2009 por Joan Planas

 

 

Artículo publicado el 18/9/2008

 

La situación actual, en la que muchas empresas vinculadas al sector inmobiliario se enfrentan a una situación patrimonial crítica, debería hacer reflexionar a los administradores de estas empresas sobre como moverse evitando tener que responder personalmente de las deudas sociales.

La normativa reguladora de sociedades anónimas -aplicable también a las limitadas- contempla varios supuestos en los que se imputan responsabilidades a los administradores de las sociedes (lo sean de hecho o de derecho), no sólo en los casos en que se produzca un perjuicio, sino en los casos en los que se incumplan, por parte de los administradores, determinadas obligaciones impuestas por la ley.

En estos casos, la ley deriva determinadas consecuencias jurídicas para el administrador que permite que se incumplan aquellas obligaciones, siendo la más importante  que se imponga al administrador una “penalidad” respecto su patrimonio personal, al constituir al administrador como corresponsable solidario de las deudas sociales frente a acreedores de la sociedad.

Por lo tanto, decir que las empresas pueden tener ganancias o pérdidas, es una obviedad. Tener pérdidas en sí mismo no hace corresponsable al administrador social de ellas. Hay un escudo que protege a los socios y a los administradores respecto los acreedores de la sociedad cuando existen pérdidas o deudas sociales. Las sociedades mercantiles justamente fueron creadas para ésto, para permitir que la gente emprendedora aporte parte de su patrimonio a un objetivo empresarial y si las cosas no salen bien, que estas aportaciones se pierdan, sin más.

Pero la ley, al margen de esto, quiere también proteger a los terceros que hacen negocios con la sociedad, de forma que mientras la sociedad exista y no se disuelva, saben que cumple determinadas obligaciones.

Por lo que nos interesa en este comentario, la ley obliga a los administradores que quieran que las deudas sociales no contaminen su patrimonio a llevar a cabo varias actuaciones, como por ejemplo, instando a los socios a ampliar el capital social cuando el patrimonio de la sociedad se ha reducido a menos de la mitad como consecuencia de pérdidas, o bien instando la disolución de la sociedad. Cumplir con la ley en este aspecto es decisivo para las personas y empresas que siguen contratando con la sociedad, así como para los socios de la propia sociedad.

Dicho de otra manera, la ley quiere que cuando contratamos con una sociedad y miramos su capital social, éste tenga alguna relación con su patrimonio. Si esta relación no entra dentro de los márgenes previstos en la ley lo debemos saber simplemente mirando en el Registro Mercantil.

Así, si el administrador incumple sus obligaciones, pone en peligro los derechos de terceros y, por lo tanto, es normal que tenga una penalidad tan importante como la de corresponsablizarle de las deudas sociales.

Si, pese a la complejidad jurídica del tema, hemos conseguido que el lector ajeno al mundo jurídico entienda la cuestión, vale la pena preguntarse como hay tantas sociedades operando con pérdidas galopantes, con capitales sociales de 3000 €, y que no se demanden más reponsabilidades a los administradores. También valdría la pena preguntarse como con capitales sociales tan escasos, las empresas contratan con otros tan poco solventes socialmente.

Hace falta, ahora que la situación “pinta mal”, reflexionar a fondo sobre la situación patrimonial de las empresas, hace falta que los administradores tengan presente sus obligaciones y evitar perjuicios tanto a terceros como para los propios administradores que a veces ignoran sus obligaciones o no dan importancia a las consecuencia que su incumplimiento puede tener para sus patrimonios personales.



Poderes entre familiares

23 Abril 2009 por Joan Planas

Artículo publicado el 26/3/2009

 

No decimos nada de nuevo si manifestamos que cada día la gente vive más años. Pero muchas veces estos años de más no son en plenitud de facultades mentales, sino con problemas, que las familias padecen con resignación, claro está!

 

También la pérdida o disminución de facultades afecta a gente más joven, ya sea por problemas vasculares, accidentes de coche, etc.

 

Pues bien, muchas veces las familias se ven atrapadas en la imposibilidad de gestionar y/o vender el patrimonio, ya que el titular de los bienes está en una situación que le impide regentar sus actos con plenos efectos jurídicos.

 

Entre personas que se tienen toda la confianza y estima, era normal el otorgamiento de poderes generales de unos a otros, en previsión de situaciones en las que uno de los dos está ausente, o simplemente por comodidad.

 

Cuando hacemos poderes a otra persona, que se otorgan ante notario y hay variaciones de contenido, la persona “apoderada” puede hacer uso de los poderes en cuanto que manifeste que está siguiendo las instrucciones del poderdante (el que otorga el poder).

 

En los poderes “viejos”, servirse del poder si la persona que lo ha otorgado no se encuentra en la plenitud de sus facultades, no es posible, toda vez que no podemos manifestar que seguimos sus instrucciones, ya que estas puedan ser jurídicamente “defectuosas”.

 

Para subsanar esta situación es conveniente que las personas que habían otorgado poderes, comprueben si en ellos se prevé esta situación.

 

En el caso que no sea así, es conveniente comparecer ante el notario y otorgar un nuevo poder general, en el que expresamente se especifique que “el poder subsistirá en caso de incapacidad sobrevenida del poderdante, mientras no sea revocado por la autoridad judicial o el propio poderdante”.

 

Es, por lo tanto un buen consejo, que el lector se fije en poderes que se hubiere otrogado con sus familiares, hay esta cláusula y, si no está, actuar en consecuencia.

 

Si bien es también un buen consejo tener presente que los poderes parten de la ciega confianza de los unos con los otros, y por lo tanto, abusar de su otorgamiento puede tener consecuencias nefastas, como por ejemplo que el apoderado proceda a vender o gravar el patrimonio del poderdante.

 

Por lo tanto, cuidado con ambas situaciones y a reflexionar.



Extinción de arrendamientos a 31/12/2009

23 Abril 2009 por Joan Planas

Artículo publicado el 22/1/2009

 

El 31 de diciembre de 2009 es una nueva fecha a tener presente ya recordar en materia de arrendamientos.

La ley de arrendamientos urbanos de 1994, estableció un sistema complejo, con el que se fueran extinguiendo los contratos de arrendamientos anteriores a la fecha de inicio de su entrada en vigor (1/1/1995).

Este año, a 31/12/2009, llega la hora para algunos arrendadores, de liberarse de un arrendatario impuesto por la ley (cuando decimos impuesto, queremos decir un arrendatario al que, quisiera lo que quisiera el propietario, la ley imponía en favor del arrendador el derecho a la prórroga forzosa, aunque se hubiese pactado lo contrario; si a esta situación añadimos que en muchos casos el alquiler a parte de envejecer económicamente, era congelado y no se podía actualizar, el cóctel de injusticias es explosivo, aterrador y sufrido tambíen unjustamente por muchos propietarios).

Efectivamente, la ley dispone que en los casos de arrendamientos de locales en los que el inquilino sea una persona jurídica (sociedades en general), y no se dedicara el año 1994 a actividades comerciales, los contratos se extinguirán cuando transcurran quince años de entrada en vigor de la ley, en los casos en que el año 1994 pagaren una cuota de IAE de entre 85.001 y 130.000 ptas. (se consideran locales aquellos en los que se desarrollaban  actividades comerciales el año 1994 de las comprendidas dentro de la División 6ª del Impuesto de Actividades Económicas).

Debemos tener presente, también, que cuando en un local se desarrollaban en el año 1994 actividades para las que correspondieran diferentes cuotas, sólo se tomará en consideración a los efectos anteriores, la mayor de ellas.

De otra manera, cabe también considerar que es al arrendatario o inquilino a quien le corresponde acreditar la cuota que correspondía  al local y que en defecto de prueba el término de finalización será de cinco años (es decir, se habría extinguido el arrendamiento, como a muchos otros les pasó, el 31 de diciembre de 1999, y es el caso de los despachos de abogados, procuradores, administradores de fincas, agentes de la propiedad inmobiliaria, arquitectos, médicos, profesionales liberales en general y los locales alquilados por personas jurídicas, en este casoo con una superfície superior a 2.500 metros cuadrados, o aquellos en los que se desarrollaban actividades no comerciales y se satisfacía en el año 1994 un IAE superior a 190.000 ptas.).

La ley exceptúa de esta situación a los locales en que se hubiera producido un traspaso entre el 1 de enero de 1985 y el 31 de diciembre de 1994, en que la situación se concede una prórroga especial de 5 años, a la finalización de los 15 (ello quiere decir que los que estuvieran en esta situación por la aplicación de la regla de los 10 años, a  31/12/2009, se extinguirán por finalización de esta prórroga especial).

Pero también el 31 de dicembre de 2009 se extinguen, los contratos de alquiler que se conocen como asimilados al de inquilinato, en los que sean los arrendadatarios la Iglesia Católica o las Corporaciones sin  ánimo de lucro (una matización, los contratos en los que los arrendatarios fueran Oficinas de Correos, dependencias oficiales del Estado, Comunidades Autónomas, Ayuntamientos, Oficinas de la Seguridad Social, Hacienda, Guardia Civil, Policía Nacional u Organizaciones Religiosas que no sean la Iglesia Católia el término era de 10 años y finalizó el 31/12/2004).



El impago del alquiler al Juzgado

23 Abril 2009 por Joan Planas

Artículo publicado el 29/1/2009

El día a día pone en evidencia de los profesionales jurídicos del sector, que los impagos de alquileres son cada vez más numerosos. Las situaciones de morosidad no son siempre las mismas. Aquellas en las que el paro, enfermedades o desgracias puedan ser las causantes, se mezclan con los cada vez más corrientes morosos recalcitrantes. Éstos últimos son gente que alquila pensando ya desde el primer momento en no pagar, aprovechándose del tiempo que obtendrán viviendo gratis, gracias a la sobreprotección jurídica, normas mal pensadas y pesadas, así como la ineficiente organización judicial (aparte de la buena voluntad con la que tantas veces los profesionales de los juzgados ponen para superarlas).

Es por esto ante situaciones claras como las que se dan cuando el arrendador es de los que al primer o segundo recibo ya dejar de pagar, las preguntas que formulamos son: ¿Cuándo puede iniciarse un procedimiento judicial de desahucio? ¿Cuántos son los recibos que como mínimo deben deberse?

La ley habla del impago, no regulando ni la ley de arrendamientos urbanos ni la legislación procesal, sin ningún mínimo. Hay, además. resoluciones judicales contradictorias a las Audiencias Provinciales. Una línea jurisprudencial defiende que el impago de una sola mensualidad de renta se debe considerar únicamente un retraso en el cumplimiento de la obligación de pago del alquiler pero no un incumplimiento verdadero y por lo tanto no es causa de resolución del contrato (criterio seguido, entre otros, por las Audiencias de Madrid y Zaragoza). Otra es la que sostiene que el impago de una única mensualidad de renta y hace aplicable la causa de resolución del contrato de arrendamiento (doctrina que mantienen las Audiencias como la de Barcelona o la de las Islas Baleares).

Éste último criterio es el que definitivamente ha adoptado el Tribunal Supremo en una Sentencia reciente dictada el 24 de julio de 2008. Así, el Supremo considera que la falta de pago de la renta correspondiente a una sola mensualidad es suficiente para decretar el desahucio y lo justifica de la siguiente manera: “Por ser el contrato de arrendamiento urbano oneroso y conmutativo, es evidente que la primera obligación del arrendatario es la de pagar la renta; por otra parte, salvo cuando las partes hayan acordado que su abono se efectúe en un solo momento, este contrato es de tracto sucesivo y el impago de una sola mensualidad de renta puede motivar la resolución contractual.”

La propia Sentencia añade que en estos casos de ejercicio de la acción de desahucio por impago de una mensualidad del alquiler no tiene porqué considerar que el arrendador actúa de forma anormal o desproporcionada.

En cuanto al momento a partir del cual es procedente presentar la demanda de desahucio, y teniendo en cuenta que la renta se debe abonar, a falta de pacto en contrario, en los siete primero días de cada mes, nos podemos preguntar si prosperará una demanda interpuesta el octavo día o si, por lo contrario, se debería esperar a que finalice el mes completo.

Así, pese a la ya mencionada sentencia del Tribunal Supremo no lo declara expresamente, se deduce que el desahucio sólo se puede interponer cuando se deba una mensualidad cumplida y vencida, es decir, que si cuando se presenta la demanada no ha pasado la mensualidad, la deuda en la cual se fundamenta la petición de desahucio, no se puede  hablar de una falta de pago, sino solo de un retraso, no siendo esta la situación sancionable con la resolución contractual. Esta es, por otra parte, la doctrina constante y uniforme de la Audiencia Provincial de Barcelona.

En consecuencia, aunque habitualmente pactamos en los contratos que la renta se debe satisfacer en los siete primeros días de cada mes, se debe concluir que si el arrendador no cumple esporádicamente esta obligación, si bien es deudor de esa cantidad, no procede la interposición de una demanda de desahucio hasta que haya pasado y vencido la mensualidad en la cual se haya producido el impago.