El eterno impuesto sobre las herencias

29 Noviembre 2012 por Joan Planas

DIARI DE TERRASSA

Hace aún no más de un año que la Generalitat de Catalunya acordó la “supresión” del Impuesto de Sucesiones -el que afecta a las herencias- para los familiares próximos, medida que coincidió con los 100 primeros días del Govern presidido por Artur Mas (5/4/2011), cuando ya se está hablando de volver a implantarlo. Con esta medida, Mas cumplió con la promesa estrella de su campaña electoral de dejar esta figura impositiva en la mínima expresión y acabar con la “discriminación” en relación con otras autonomías.

En su día el tripartito formado por PSC-PSOE, ERC e ICV-EA, rebajó en cerca de un 75% el impuesto de sucesiones (si no se suprimió más, a pesar de estar de acuerdo el resto de formaciones, fue con motivo de la negativa de ICV-EA a admitir tal medida).

El mes de mayo de 2012, un globo sonda lanzado por parte del Secretario de Convergència Democràtica de Catalunya, Oriol Pujol, dejava caer la posible reimplantación ante la situación económica.

El resultado electoral ha querido que la confrontación de una mayoría parlamentaria -dentro o fuera del Govern- pase por un pacto CiU-ERC.

Y este pacto, entre otras cuestiones (algunas ciertamente aún más importantes para el país) pasará por la reimplantación del Impuesto sobre Sucesiones.

En todo debate (no sé si se habrá hecho alguno especial sobre la corrupción urbanística municipal y en este caso quizás se excluirá hablar de este tema) sale quieras o no la voz de los partidos que se conocen como de izquierdas hechando en cara a CiU aquella supresión del que ya era una secuela del Impuesto de Sucesiones originario (impuesto que, por cierto, continúa existiendo cuando los herederos no son los familiares més próximos).

La dinámica de miras estrechas de considerar que el impuesto graba los ricos, hace fortuna entre las izquierdas y su público, pero todas las formaciones políticas saben que los ricos no pagan el impuesto. No parlan de la figura de las SICAV (sociedades de inversión de capital variable) que tributan a un 1% (sí, sólo un 1%), donde existe una fuente de recaptación de impuestos importante, por poner un ejemplo.

Como hemos dicho en alguna otra ocasión, si se reimplanta el impuesto sobre las herencias volveremos a hacer buena la frase catalana: “l’impost no grava als més rics, sinó als més rucs (tontos)”. Es decepcionante.



A los jueces tipo Luís Rodríguez Vega

22 Noviembre 2012 por Joan Planas

En demasiadas ocasiones, los jueces, como miembros de una administración como la de justicia que tiene bastantes imperfecciones y déficits, son objeto de befa y escarni, junto con el personal al servicio de esta administración.

Es fácil imputar las deficiencias o insuficiencias legislativas a quien al final resulta ser el instrumento aplicador. Pero debajo de las deficiencias y flotando con mucho trabajo encima de ellas, siempres surgen personalidades que con su trabajo y capacidad, son estímulo para seguir confiando en la justicia.

Una de estas personalidades, y no soy dado a las vanaglorias ni tengo deudas con él, es Luís Rodríguez Vega.

En la memoria de los abogados de Terrassa que ya llevamos años de ejercicio en la espalda -no como carga sino como profesión querida- ha habido jueces a los que recordamos con estima y a veces con añoranza su huella, tanto por su profesionalidad, como por su buen trato, afabilidad y extraordinaria dedicación. Y, además, estoy seguro que todos los que tuvimos la buena suerte y placer de coincidir con ellos, más allá de que a veces alguna sentencia nos haya sido contraria, estamos de acuerdo en recordar y reconocer su valía.

Este comentario va, en esta ocasión, destinado a la persona del juez Luís Rodríguez Vega, que tuvimos la suerte de gozar en el Juzgado de 1ª Instancia 4 de Terrassa. Aprovecho para destacarlo por el hecho que se le ha otorgado la medalla de honor de la Generalitat por los servicios excepcionales a la justicia (DOGC de 9/11/2012). Luís Rodríguez Vega, hombre próximo, de carácter no ya afable sino simplemente de simpatía extravertida, risueño y atento, a la vez que estudioso, trabajador y tenaz, siempre estuvo abierto a atender a los otros profesionales de la justicia que son los abogados, no como otros de sus compañeros que se encierran en su “tour d’ivoire”, sino facilitando la comunicación. Esta complicidad sana con los demás profesionales siempre beneficia, y sin lugar a dudas, a los justiciables (quien quiera leer las alabanzas más entretenidamente sólo tiene que mirar la resolución de otorgamiento de la medalla en el DOGC).

Terrassa, desde que ejerzo y son más de treinta años, siempre ha tenido entre jueces y magistrados, figuras a destacar que han facilitado que el hecho de trabajar en la justicia en Terrassa sea un privilegio comparado con otras sedes judiciales (a pesar de alguna oveja negra, negrísima, como Pascual Estivill, que fue titular del Juzgado de 1ª Instancia 5 de Terrassa).

Es fácil tener un recuerdo entusiasta de gente como Luís Rodríguez Vega (siempre con una gran sonrisa en los labios, y su dentadura ajustada a su pasión joven por las motos), de Jesús Corbal Fernández (cuya hija es notaria hoy en nuestra ciudad), de José Luís Valdivieso Polaino y algunos otros (y les aseguro que no son pocos -ni pocas- los que podría relacionar). Por cierto, a destacar que el mundo de la justicia es cada vez más un mundo de mujeres. Jueces, secretarios judiciales, procuradores, abogados, agentes judiciales y funcionarios los son en mayoría absoluta, por mérito propio -y desmérito de los machos-  y sabe mal que no tengan la misma mayoría de representación en los máximos órganos de gobierno y administración judicial.

Creo que el reconocimiento a Luís Rodríguez Vega es un reconocimiento a todos ellos y ellas.



¿STOP desahucios?

19 Noviembre 2012 por Joan Planas

Publicado en DIARI DE TERRASSA del Jueves 15 de noviembre de 2012

Parece mentira que sea necesario un suicidio (uno más, pero con más revuelo que los anteriores por parte de los medios de comunicación), para que los políticos se decidan a comenzar a estudiar el tema más crujiente -junto con el paro- que es el de los desahucios hipotecarios. Vale la pena decir que, por confusión de términos, se mezclan en la mayoría de informaciones y estadísticas lo que son los desahucios hipotecarios con lo que son los desahucios arrendaticios.

Conviene precisar a quién afecta. Muchos propietarios tienen la desgracia de ver como se les impagan alquileres y tienen que interponer demandas judiciales. Debemos decir que el planteamiento de revisión de los desahucios sólo afecta a los hipotecarios. Vale la pena diferenciarlo.

En los desahucios hipotecarios entran en desagraciado juego, entre otras, dos cuestiones. Por un lado, la alegria imprudente de la banca en la concesión de créditos para más del cien por cien del valor de inmuebles tasados pr encima de su valor real (con lo cual las cuentas de resultado de los banqueros estaban hinchadísimas y les permitían además, cobrar primas por su “buena gestión”). Y por otro lado, la alegría ignorante de los deudores hipotecarios que cayeron en esta espiral, que no consideraron la responsabilidad personal ilimitada, más allá de la propia vivienda, en el retorno del crédito hipotecarios.

Pero en cuanto a los desahucios arrendaticios estas ircunstancias no existen.

La responsabilidad del inquilino alcanza sólo las cantidades impagadas y las costas del procedimiento judicial.

Además, el mercado ha deflactado el precio de los alquileres, tanto para los de viviendas, como para locales, oficinas, despachos y naves industriales (no sólo para los nuevos contratos, sino también para los existentes), ya que el mercado se actualiza de forma casi inmediata en relación con los alquileres.

El mal funcionamiento de la administración de justicia (comparando los plazos fijados en la ley, los objetivos explicitados en las exposiciones de motivos de las reformas legales y la práctica diaria), atribuible o no a la falta de medios personales y materiales, y también a la falta de control del trabajo en algunos juzgados (y reitero que los de Terrassa destacan por eficiencia comparados con los de los alrededores -Sabadell, Granollers, Sant Feliu de Llobregat, Martorell, etc.), este mal funcionamiento hace que a la práctica y con cargo a los propietarios, los aplazamientos sean reales por la simple demora en la tramitación.

Por lo tanto, diferenciemos claramente que las medidas que ahora los políticos quieren adoptar -ya veremos su alcance- no afectarán o no tienen porqué afectar a los desahucios por impago del alquiler. Recordemos que el propietario es en ocasiones una persona que complementa unos escasos ingresos con el alquiler que cobra de unos ahorros invertidos en vivienda, muchas veces heredada, y que no lleva ni chistera ni frac.

Veremos qué acaban proponiendo los políticos “mentirijillos”.



El nuevo Decreto de Habitabilidad 2012

8 Noviembre 2012 por Joan Planas

Publicado en DIARI DE TERRASSA

Ya ha entrado en vigor el nuevo Decreto de Habitabilidad (Decreto 141/2012, de 30 de octubre - DOGC 2/11/2012), por medio del cual se regulan las condiciones mínimas de habitabilidad de las viviendas y la cédula de habitabilidad. Uno de sus objetivos es flexibilizar las exigencias de diseño de las viviendas, potenciar la rehabilitación, luchar contra la infravivienda y la sobreocupación, así como adaptarse a la nueva realidad socioeconómica.

Como expresa el propio Decreto, la regulación de las exigencias para las viviendas se hace con carácter de mínimos de habitabilidad, huyendo así de la regulación de un nivel superior.

El Decreto regula también la cédula de habitabilidad, cuya función es acreditar que una vivienda reúne las condiciones de habitabilidad que la hacen apta para el uso y residencia de las personas, y que el otorgamiento de la cédula implica exclusivamente que la vivienda cumple los requisitos técnicos de habitabilidad de la normativa vigente, dejando claro, como lo hace el Decreto, que esto no supone la legalización de las construcciones por lo que respecta a la adecuación del uso de la vivienda a la legalidad urbanística (la posesión de la cédula no implica la legalidad de la construcción de la vivienda desde el punto de vista urbanístico).

Las cuestiones más destacadas son: a) La superficie útil mínima de una vivienda passa de los 40 m2 del Decreto de Habitabilidad antiguo a 36 m2 en el nuevo Decreto. Para obtener una cédula de habitabilidad de nueva construcción se deberá sumar 20 m2 del paquete sala-comedor-cocina, 6 m2 de una habitación, y el espacio de paso y el baño hasta llegar a 36 m2; b) Reduce la superficie mínima de las habitaciones, que actualmente era de 8 m2 en todas las habitaciones, fueran simples o dobles (ahora la habitación doble tendrá una superficie mínima de 8 m2 y la individual tendrá una superficie mínima de 6 m2); c) Se da más poder a los ayuntamientos cuando deba otorgar los permisos de obras, la cual cosa facilitará las rehabilitaciones (así, por ejemplo, si una vivienda existente no cumple la altura mínima por 2 cm, un téctnico del ayuntamiento podrá otorgar la licencia de obra y la vivienda otendrá la cédula de habitabilidad); d) Cambia el criterio del número de personas en fucnión de la superficie total de la vivienda, para actuar contra la infravivienda, de forma que determina el límite máximo de ocupación según el número y las dimensiones de los dormitorios (1 persona por habitación: mínimo 5 m2, dos mínimo 8 m2; tres mínimo 12 m2; dos personas en viviendas sin habitaciones y únicamente con espacios de uso común); e) Facilita los trámites para obtener una cédula de habitabilidad, potenciando la tramitación de las solicitudes por la vía telemática y suprimiendo documentos relativos a las licencias de ocupación o a los certificados de cumplimiento de control de calidad (el único documento que deberá presentarse con la solicitud de la cédula de habitabilidad de nueva construcción es el certificado de final de obra y habitabilidad).

Puede que el cambio más visible para el ciudadano sea que el nuevo Decreto amplia la vigencia de la cédula de primera ocupación de 15 a 25 años para las viviendas de nueva construcción, mantiene la vigencia de 15 años para las cédulas de segundas ocupaciones, y se fija en 15 años las que se conceden a los pisos rehabilitados (que se conocerán como cédulas de primera ocupación de rehabilitación).

Ha quedado colgado en esta legislatura -pendiente de tramitar- por motivos obvios, la pretendida modificación de la normativa de la Inspecciones Técnicas de Edificios (ITE), que lo será -según previsiones- para el primer trimestre de 2013.