Herencia o donación hoy

24 Enero 2013 por Joan Planas

Ya son bastantes las consultas que se van realizando sobre si el impuesto sobre sucesiones, el de las herencias: se ha incrementado (la genta ya lo da por hecho) y si es mejor hacer donación o no.

La consulta es bien actual y merece un comentario.

A pesar de las noticias sobre la modificación del impuesto y la supresión de su exención prática, lo cierto es que hoy, y cuando decimos hoy nos referimos estrictamente a  hoy, nada ha cambiado.

Para modificar la situación en que se encuentra el impuesto, y que por necesidades de pactos de gobierno se acabará reinstaurando (no sabemos aún en qué términos), será necesaria una disposición con rango de ley, que en este momento no existe.

Por tanto, si fiscalmente la pregunta es si hoy saldría más a cuenta heredar o hacer una donación, la respuesta es heredar, pero la desgracia es que hace falta morirse (la ley reguladora del impuesto difícilmente podría entenderse y sería constitucional si se aplicara con carácter retroactivo).

En este sentido, por lo tanto, si no sabemos cuando nos vamos a morir, entonces una buena opción será la donación, a pesar de que si finalmente la ley no cambie y nos morimos mientras no cambia podemos haber tirado el dinero. El porqué es que muy posiblemente dentro de este ejercicio, entre marzo y abril de 2013, según las previsiones, se modificará y se reimplantará el impuesto.

Sabemos hoy, por el contrario, que el artículo 14 de la ley establece que la cuota íntegra del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones en las transmisiones lucrativas entre vivos -las llamadas donaciones- a favor de contribuyentes de los Grupos I y II (cónyuges, padres e hijos, etc.), se obtiene aplicando a la base liquidable (importe dado en términos generales) los tipus del 5, 7 y 9 por ciento, en la escala del 5% hasta 200.000.-€, el 7% de 200.000 a 600.000.-€ y del 9% en adelante.

No olvidemos, sin embargo, que para que la tarifa anterior sea aplicable, la donación o el negocio lucrativo entre vivos deberá haberse formalizado en escritura pública.

En resumen, el consejo, para todo aquel que se encuentre en esta disyuntiva, es asegurar el tiro con una donación, antes que esperar la modificación de la Ley, de la que por otro lado, no sabemos si implicará también un incremento de tarifas y cuotas a pagar en el caso de las donaciones (sea eliminando o reduciendo bonificaciones o por simple aumento de tarifas y cuotas).

Una pregunta al aire: ¿cómo puede entenderse que sea discriminatorio y motivo de suspensión de la aplicación de un tributo -la tasa del euro por receta o el impuesto sobre los depósitos- porque todos los españoles no pagarían igual, y que ante la muerte, los sabios españoles no alcancen la misma conclusión?

En todo caso, si puede evitarlo, no se muera.



El certificado energético obligatorio

17 Enero 2013 por Joan Planas

DIARI DE TERRASSA

Este mes de enero de 2013 se aprobará la obligatoriedad de obtener un nuevo documento, el llamado “Certificado Energético”, y las consecuencias de incumplirlo serán graves.

Se trata de una exigencia que llega desde Europa y que se esperaba fuese aprobada antes del 1 de enero de este año. Ahora el Ministerio de Industria asegura que para este mes de enero, el proyecto de Real Decreto estará aprobado (debe tenerse presente que si no se concede una moratoria específica por parte de Europa, y no se cumple este plazo, España probablemente será sancionada por Europa).

La certificación energética es el documento en el cual consta y se determina la eficiencia energética de una vivienda, asignándole una etiqueta que apoya el certificado (cada vivienda tendrá una etiqueta similar a las que ya se utilizan en el caso de los electrodomésticos y que indica su eficiencia en relación con el consumo de energía). Esta etiqueta ya se utiliza para las casas de nueva construcción y clasifica cada inmueble con un código de color que degrada del verde al rojo -pasando por el amarillo- según la escalera (va de la categoría “A” -considerada la más eficiente y que es de color verde oscuro, a la “G” que es de color rojo y que es la menos eficiente).

Parece ser que a partir del mes de abril entraría en vigor la obligación de obtener el certificado energético.

Para que la obligatoriedad sea efectiva, tal y como se hizo en su momento con las cédulas de habitabilidad, a partir del mes de abril de 2013, para alquilar o vender una vivienda será obliatorio disponer de este certificado.

Sólo quedan excluidos los edificios y monumentos protegidos, los utilizados como lugar de culto o los edificios de viviendas que sean objeto de un contrato de arrendamiento por tiempo inferior a cuatro meses al año, entre otros.

Como puede comprender el lector, se añade pues un nuevo requisito a los que ya teníamos hasta ahora (cédula de habitabilidad, certificado de inspección técnica de edificios y ahora el certificado energético), todos ellos importantes y necesarios, pero que suponen el tener que cumplir cada vez más obligaciones de tipo administrativo para las cuales no se habilita ayuda alguna (cierto es que no están las finanzas públicas para pedir ayudas, pero también es cierto que las finanzas privadas son exiguas y malogradas).

Seguiremos tratándolo cuando la norma sea aprobada.



Licencias municipales innecesarias

10 Enero 2013 por Joan Planas

DIARI DE TERRASSA

Poca difusión se ha dado estos días a la nueva normativa que se publicó en el BOE del 27/12/2013 que es la Ley 12/2012, de medidas urgentes de liberalización del comercio y determinados servicios.

Se ha comentado alguna cosa sobre comercio, pero hay una parte importante, que es la correspondiente a la normativa que hace inexigible la licencia municipal para muchas actividades, no todas, obviamente (en el listado, la Ley prevé que las comunidades autónomas puedan ampliar el listado de actividades para las cuales no sea necesaria la licencia). En este caso, la Ley afecta a actividades comerciales minoristas y a la prestación de determinados servicios que se fijan en un anejo de la propia Ley (y que son muchos).

El texto de la Ley es que para el desarrollo de las actividades o servicios en ella citados, que se realicen en establecimientos permanentes situados en cualquier sitio del territorio del Estado, que tengan una superficie útil de exposición y venta al público inferior a 300 metros cuadrados, “para el inicio y desarrollo de las actividades comerciales y servicios definidos en el artículo anterior, no podrá exigirse por parte de las administraciones o entidades del sector público la obtención de licencia previa de instalaciones, de funcionamiento o de actividad, ni otras de clase similar o análogas que sujeten a previa autorización el ejercicio de la actividad comercial a desarrollar o la posibilidad misma de la apertura del establecimiento correspondiente” y “tampoco están sujetos a licencia los cambios de titularidad de las actividades comerciales y de servicios” (en este caso, sólo será necesaria una comunicación previa al Ayuntamiento a efectos informativos. Tampoco será exigible la licencia para la realización de las obras de acondicionamiento de los locales a desarrollar la actividad comercial (siempre que no haya en este caso la necesidad de redacción de un proyecto de obra de acuerdo con lo que prevé el artículo 2.2 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edficiación).

Los interesados sólo deberán hacer una declaración responsable o una comunicación previa y, pagar el impuesto o tasa correspondiente, el cual sí es obligatorio.

Consolidar con esta normativa una previsión anterior en el propio sentida, meritará realmente un cambio en laforma de agilizar la implantación de negocios y actividades, sin que esta falta de licencia suponga, para las actividades a las cuales afecta, un perjuicio final para los ciudadanos.

Va en la buena línea.



Revisiones catastrales disimuladas

3 Enero 2013 por Joan Planas

DIARI DE TERRASSA

El 28 de diciembre, parece hecho a medida, históricamente, para las inocentadas. A efectos legales, su proximidad al día 31 se aprovecha para dictar medidas legales impopulares, sea por parte del gobierno estatal socialista o por el mal dicho popular.

De este modo, este último 28 se publico en el BOE la “Ley 16/2012, de 27 de diciembre, por la que se adoptan diversas medidas tributarias dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y al impulso de la actividad económica”.

A los efectos de este comentario, no haremos mención de las conocidas medidas como la de supresión de la deducción de desgravaciones fiscales a la compra de vivienda o a la realización de obras de mejora también en la vivienda, sino que haremos mención de dos cuestiones de las diversas que muy técnicas se relacionan y modifican en esta ley.

Sí lo haremos sobre la nueva facultad de los Ayuntamientos de aprobar y por tanto modificar las Ordenanzas Fiscales vigentes a 2013, siempre que lo hagan antes del 1 de abril de 2013 (para incluir cuestiones nuevas de la Ley para el 2013). Como puede suponer cualquier lector, por más neófito que sea en la materia, hay un regusto inconstitucional especial en una medida como esta que permite legalizar una inseguridad jurídica tal como la de aplicar con efectos a 1/01/2013 tributos municipales aprobados con fecha de 1/04/2013. Vaya una miseria de poderes públicos que tenemos (ninguno recurrirá ante el Tribunal Constitucional una medida como esta, poues la voz ciudadana no pasará por los partidos políticos, que después hablan de desafección; sino que permanecerá apagada porque la Ley impide la reclamación de insconstitucionalidad directa del ciudadano).

Pero entre otras cosas, lo que hace esta Ley es permitir que los Ayuntamientos puedan pedir la actualización de valores, no con la realización de estudios de mercado y ponencias, sinó “por aplicación de coeficientes en función del año de entrada en vigor de la correspondiente ponencia de valores del municipio”, y lo podrán pedir al Catastro si han pasado más de 5 años desde la entrada en vigor de los valores catastrales derivados del anterior procedimiento de valoración colectiva de carácter general, que en Terrassa es con efectos desde hace 15 años.

En Terrassa, por ejemplo, el dato es de 1997, pero la pregunta es, teniendo en cuenta que el valor catastral catastral legalmente no puede ser superior al 50 por ciento del valor catastral, si el lector puede comprobar si este valor de su propiedad se ajusta o no a la legalidad.

Los políticos españoles, que hablan de desafección ciudadana cuando se trata de elecciones, se entestan en engañar al ciudadano con normas que no puede comprender, expresamente difíciles de entender (no porque el ciudadano sea corto, sinó porque la voluntad política es de hablar un lenguaje extraño e incomprensible para el ciudadano).

Pregúntese el lector qué harán los Ayuntamientos, que no tendrán que soportar los estúpidos ciudadanos y sus propuestas, sinó sólo enviar una cartita al Ministro de Hacienda, dirigida al Director General del Catastro, pidiéndole que aplique aquellos coeficientes.

Se ahorrarán que lo conozcan los ciudadanos, se ahorrarán conocer la opinión de los representantes sectoriales de los ciudadanos (en este caso las Cámaras de la Propiedad como representantes de los propietarios) y podrán así también fardar de la legalidad de su medida de aumentar legalmente la presión fiscal (vergonzoso y antidemocrático a la par).