Reforma de sociedades mercantiles

1 Mayo 2009 por Joan Planas

 

Artículo publicado el 9/4/2009

 

En materia mercantil, los constantes cambios tanto de la propia vida mercantil, como de la situación económica -que tiene mucho a ver con la legislación- y también de la existencia de normas que regulen el comercio internacional, aconsejan que la normativa legal sobre sociedades mercantiles sea objeto de frecuente atención por parte del legislador.

Uno de estos procesos de revisión culminó con la publiación en el  BOE del sábado 4/4/2009, de la ley 3/2009, de 3 de abril sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles.

De entre los temas que en esta ley se trata, que son bastantes, queremos hablar hoy sobre uno de recurrente como es el de valorar las aportaciones que se hacen a las sociedades.

Es decir, cuando los socios de una sociedad quieren ampliar el capital social, esta aportación puede ser con dinero o con otros bienes. Si no es dinero, tanto a efectos de terceros que contraten con la sociedad, como de la misma sociedad y de sus socios, la legislación hasta ahora vigente preveía que estas aportaciones precisaban estar hechas previo informe pericial con périto designado por el Registrador Mercantil (antes no hacia falta peritaje alguno y para entrar en Europa nuestros socios nos obligaron a hacerlo, ya que esto era un desbarajuste - véase al respecto la polémica sobre la valoración anterior a la época de fincas rústicas a valores huidos en casos relacionados con la ahora “hermanita de la caridad” Sr. Mario Conde).

Pues bien, con la reforma actual la legislación abarca dos situaciones diversas.

Por una parte, flexibilizar la valoración de las aportaciones en bienes muebles (por ejemplo títulos valores, acciones, etc.), cuando resulte que se trate de valor que coticen en Bolsa u otros mercados. En este caso, se admite que con la certificación de valor de la sociedad bursátil correspondiente, pueda obviarse el trámite de pedir otra valoración. Esto es interesante ya que da más agilidad al sistema, los desburocratiza y a la vez la abarata en suprimir el coste añadido del périto y toda su tramitación.

Pero por otra, al lado de esta excepción a la exigencia de informe, se incluye otra, como es que en el caso de bienes no muebles (por lo tanto, inmuebles), que hayan sido objeto de una valoración previa dentro de los 6 meses anteriores a la aportación, no haga falta hacer una nueva peritación, sino que sea admisible la existente hecha por profesionales no designados por las partes. Estamos por lot anto ante un sistema no de desregulación, sinó de desburocratización y abartimiento de costes.

Pero además, cuando es así, se desplaza a los administradores sociales la obligación de pedir el peritaje del périto nombrado por el Registrador Mercantil, si se considera que hay circunstancias que puedan modificar razonablemente aquella valoración dentro del plazo de los 6 meses.

Es interesante en este sentido la reforma, que abarca otras cuestiones, pero igual que en muchas ocasiones puede producirse el efecto contrario, cuál es que los administradores, pese a tener una peritaje, pidan la del périto designado por el Registrador Mercantil, con tal de huir de la atribución de posibles responsabilidades en el caso que alguien, con posterioridad, pueda determinar que había circunstancias nuevas que modificaran significativamente el valor razonable de los bienes a la fecha de la aportación.

Bien, es este un tema, dentro de otros específicos de la reforma que los profesionales y las sociedades han de tener presentes.

 



Administradores sociales y deudas empresariales

23 Abril 2009 por Joan Planas

 

 

Artículo publicado el 18/9/2008

 

La situación actual, en la que muchas empresas vinculadas al sector inmobiliario se enfrentan a una situación patrimonial crítica, debería hacer reflexionar a los administradores de estas empresas sobre como moverse evitando tener que responder personalmente de las deudas sociales.

La normativa reguladora de sociedades anónimas -aplicable también a las limitadas- contempla varios supuestos en los que se imputan responsabilidades a los administradores de las sociedes (lo sean de hecho o de derecho), no sólo en los casos en que se produzca un perjuicio, sino en los casos en los que se incumplan, por parte de los administradores, determinadas obligaciones impuestas por la ley.

En estos casos, la ley deriva determinadas consecuencias jurídicas para el administrador que permite que se incumplan aquellas obligaciones, siendo la más importante  que se imponga al administrador una “penalidad” respecto su patrimonio personal, al constituir al administrador como corresponsable solidario de las deudas sociales frente a acreedores de la sociedad.

Por lo tanto, decir que las empresas pueden tener ganancias o pérdidas, es una obviedad. Tener pérdidas en sí mismo no hace corresponsable al administrador social de ellas. Hay un escudo que protege a los socios y a los administradores respecto los acreedores de la sociedad cuando existen pérdidas o deudas sociales. Las sociedades mercantiles justamente fueron creadas para ésto, para permitir que la gente emprendedora aporte parte de su patrimonio a un objetivo empresarial y si las cosas no salen bien, que estas aportaciones se pierdan, sin más.

Pero la ley, al margen de esto, quiere también proteger a los terceros que hacen negocios con la sociedad, de forma que mientras la sociedad exista y no se disuelva, saben que cumple determinadas obligaciones.

Por lo que nos interesa en este comentario, la ley obliga a los administradores que quieran que las deudas sociales no contaminen su patrimonio a llevar a cabo varias actuaciones, como por ejemplo, instando a los socios a ampliar el capital social cuando el patrimonio de la sociedad se ha reducido a menos de la mitad como consecuencia de pérdidas, o bien instando la disolución de la sociedad. Cumplir con la ley en este aspecto es decisivo para las personas y empresas que siguen contratando con la sociedad, así como para los socios de la propia sociedad.

Dicho de otra manera, la ley quiere que cuando contratamos con una sociedad y miramos su capital social, éste tenga alguna relación con su patrimonio. Si esta relación no entra dentro de los márgenes previstos en la ley lo debemos saber simplemente mirando en el Registro Mercantil.

Así, si el administrador incumple sus obligaciones, pone en peligro los derechos de terceros y, por lo tanto, es normal que tenga una penalidad tan importante como la de corresponsablizarle de las deudas sociales.

Si, pese a la complejidad jurídica del tema, hemos conseguido que el lector ajeno al mundo jurídico entienda la cuestión, vale la pena preguntarse como hay tantas sociedades operando con pérdidas galopantes, con capitales sociales de 3000 €, y que no se demanden más reponsabilidades a los administradores. También valdría la pena preguntarse como con capitales sociales tan escasos, las empresas contratan con otros tan poco solventes socialmente.

Hace falta, ahora que la situación “pinta mal”, reflexionar a fondo sobre la situación patrimonial de las empresas, hace falta que los administradores tengan presente sus obligaciones y evitar perjuicios tanto a terceros como para los propios administradores que a veces ignoran sus obligaciones o no dan importancia a las consecuencia que su incumplimiento puede tener para sus patrimonios personales.