Herencia o donación hoy

24 Enero 2013 por Joan Planas

Ya son bastantes las consultas que se van realizando sobre si el impuesto sobre sucesiones, el de las herencias: se ha incrementado (la genta ya lo da por hecho) y si es mejor hacer donación o no.

La consulta es bien actual y merece un comentario.

A pesar de las noticias sobre la modificación del impuesto y la supresión de su exención prática, lo cierto es que hoy, y cuando decimos hoy nos referimos estrictamente a  hoy, nada ha cambiado.

Para modificar la situación en que se encuentra el impuesto, y que por necesidades de pactos de gobierno se acabará reinstaurando (no sabemos aún en qué términos), será necesaria una disposición con rango de ley, que en este momento no existe.

Por tanto, si fiscalmente la pregunta es si hoy saldría más a cuenta heredar o hacer una donación, la respuesta es heredar, pero la desgracia es que hace falta morirse (la ley reguladora del impuesto difícilmente podría entenderse y sería constitucional si se aplicara con carácter retroactivo).

En este sentido, por lo tanto, si no sabemos cuando nos vamos a morir, entonces una buena opción será la donación, a pesar de que si finalmente la ley no cambie y nos morimos mientras no cambia podemos haber tirado el dinero. El porqué es que muy posiblemente dentro de este ejercicio, entre marzo y abril de 2013, según las previsiones, se modificará y se reimplantará el impuesto.

Sabemos hoy, por el contrario, que el artículo 14 de la ley establece que la cuota íntegra del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones en las transmisiones lucrativas entre vivos -las llamadas donaciones- a favor de contribuyentes de los Grupos I y II (cónyuges, padres e hijos, etc.), se obtiene aplicando a la base liquidable (importe dado en términos generales) los tipus del 5, 7 y 9 por ciento, en la escala del 5% hasta 200.000.-€, el 7% de 200.000 a 600.000.-€ y del 9% en adelante.

No olvidemos, sin embargo, que para que la tarifa anterior sea aplicable, la donación o el negocio lucrativo entre vivos deberá haberse formalizado en escritura pública.

En resumen, el consejo, para todo aquel que se encuentre en esta disyuntiva, es asegurar el tiro con una donación, antes que esperar la modificación de la Ley, de la que por otro lado, no sabemos si implicará también un incremento de tarifas y cuotas a pagar en el caso de las donaciones (sea eliminando o reduciendo bonificaciones o por simple aumento de tarifas y cuotas).

Una pregunta al aire: ¿cómo puede entenderse que sea discriminatorio y motivo de suspensión de la aplicación de un tributo -la tasa del euro por receta o el impuesto sobre los depósitos- porque todos los españoles no pagarían igual, y que ante la muerte, los sabios españoles no alcancen la misma conclusión?

En todo caso, si puede evitarlo, no se muera.



Licencias municipales innecesarias

10 Enero 2013 por Joan Planas

DIARI DE TERRASSA

Poca difusión se ha dado estos días a la nueva normativa que se publicó en el BOE del 27/12/2013 que es la Ley 12/2012, de medidas urgentes de liberalización del comercio y determinados servicios.

Se ha comentado alguna cosa sobre comercio, pero hay una parte importante, que es la correspondiente a la normativa que hace inexigible la licencia municipal para muchas actividades, no todas, obviamente (en el listado, la Ley prevé que las comunidades autónomas puedan ampliar el listado de actividades para las cuales no sea necesaria la licencia). En este caso, la Ley afecta a actividades comerciales minoristas y a la prestación de determinados servicios que se fijan en un anejo de la propia Ley (y que son muchos).

El texto de la Ley es que para el desarrollo de las actividades o servicios en ella citados, que se realicen en establecimientos permanentes situados en cualquier sitio del territorio del Estado, que tengan una superficie útil de exposición y venta al público inferior a 300 metros cuadrados, “para el inicio y desarrollo de las actividades comerciales y servicios definidos en el artículo anterior, no podrá exigirse por parte de las administraciones o entidades del sector público la obtención de licencia previa de instalaciones, de funcionamiento o de actividad, ni otras de clase similar o análogas que sujeten a previa autorización el ejercicio de la actividad comercial a desarrollar o la posibilidad misma de la apertura del establecimiento correspondiente” y “tampoco están sujetos a licencia los cambios de titularidad de las actividades comerciales y de servicios” (en este caso, sólo será necesaria una comunicación previa al Ayuntamiento a efectos informativos. Tampoco será exigible la licencia para la realización de las obras de acondicionamiento de los locales a desarrollar la actividad comercial (siempre que no haya en este caso la necesidad de redacción de un proyecto de obra de acuerdo con lo que prevé el artículo 2.2 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edficiación).

Los interesados sólo deberán hacer una declaración responsable o una comunicación previa y, pagar el impuesto o tasa correspondiente, el cual sí es obligatorio.

Consolidar con esta normativa una previsión anterior en el propio sentida, meritará realmente un cambio en laforma de agilizar la implantación de negocios y actividades, sin que esta falta de licencia suponga, para las actividades a las cuales afecta, un perjuicio final para los ciudadanos.

Va en la buena línea.



Revisiones catastrales disimuladas

3 Enero 2013 por Joan Planas

DIARI DE TERRASSA

El 28 de diciembre, parece hecho a medida, históricamente, para las inocentadas. A efectos legales, su proximidad al día 31 se aprovecha para dictar medidas legales impopulares, sea por parte del gobierno estatal socialista o por el mal dicho popular.

De este modo, este último 28 se publico en el BOE la “Ley 16/2012, de 27 de diciembre, por la que se adoptan diversas medidas tributarias dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y al impulso de la actividad económica”.

A los efectos de este comentario, no haremos mención de las conocidas medidas como la de supresión de la deducción de desgravaciones fiscales a la compra de vivienda o a la realización de obras de mejora también en la vivienda, sino que haremos mención de dos cuestiones de las diversas que muy técnicas se relacionan y modifican en esta ley.

Sí lo haremos sobre la nueva facultad de los Ayuntamientos de aprobar y por tanto modificar las Ordenanzas Fiscales vigentes a 2013, siempre que lo hagan antes del 1 de abril de 2013 (para incluir cuestiones nuevas de la Ley para el 2013). Como puede suponer cualquier lector, por más neófito que sea en la materia, hay un regusto inconstitucional especial en una medida como esta que permite legalizar una inseguridad jurídica tal como la de aplicar con efectos a 1/01/2013 tributos municipales aprobados con fecha de 1/04/2013. Vaya una miseria de poderes públicos que tenemos (ninguno recurrirá ante el Tribunal Constitucional una medida como esta, poues la voz ciudadana no pasará por los partidos políticos, que después hablan de desafección; sino que permanecerá apagada porque la Ley impide la reclamación de insconstitucionalidad directa del ciudadano).

Pero entre otras cosas, lo que hace esta Ley es permitir que los Ayuntamientos puedan pedir la actualización de valores, no con la realización de estudios de mercado y ponencias, sinó “por aplicación de coeficientes en función del año de entrada en vigor de la correspondiente ponencia de valores del municipio”, y lo podrán pedir al Catastro si han pasado más de 5 años desde la entrada en vigor de los valores catastrales derivados del anterior procedimiento de valoración colectiva de carácter general, que en Terrassa es con efectos desde hace 15 años.

En Terrassa, por ejemplo, el dato es de 1997, pero la pregunta es, teniendo en cuenta que el valor catastral catastral legalmente no puede ser superior al 50 por ciento del valor catastral, si el lector puede comprobar si este valor de su propiedad se ajusta o no a la legalidad.

Los políticos españoles, que hablan de desafección ciudadana cuando se trata de elecciones, se entestan en engañar al ciudadano con normas que no puede comprender, expresamente difíciles de entender (no porque el ciudadano sea corto, sinó porque la voluntad política es de hablar un lenguaje extraño e incomprensible para el ciudadano).

Pregúntese el lector qué harán los Ayuntamientos, que no tendrán que soportar los estúpidos ciudadanos y sus propuestas, sinó sólo enviar una cartita al Ministro de Hacienda, dirigida al Director General del Catastro, pidiéndole que aplique aquellos coeficientes.

Se ahorrarán que lo conozcan los ciudadanos, se ahorrarán conocer la opinión de los representantes sectoriales de los ciudadanos (en este caso las Cámaras de la Propiedad como representantes de los propietarios) y podrán así también fardar de la legalidad de su medida de aumentar legalmente la presión fiscal (vergonzoso y antidemocrático a la par).



Alquiler o compra

28 Diciembre 2012 por Joan Planas

DIARI DE TERRASSA.-

La que los medios nombran como la futura Ley del Alquiler, en su tramitación empieza a encontrarse en la fase final.

Hace una semana, el Pleno del Congreos rechazó las enmiendas a la totalidad presentadas por los diferentes grupos parlamentarios.

El debate parlamentario gira alrededor de si es necesario potenciar la compra o si es necesario potenciar el alquiler. Este, sin embargo, no és un debate nuevo sinó continuado con alternanzas en el tiempo.

La esterilidad del debate como tal es clara. No existe duda alguna que quien compra la vivienda propia está formando un ahorro para el futuro, da estabilidad social y ayuda a la formación de la riqueza de la nación. Alquilar siempre ha sido una opción subsidiaria, salvo circunstancias personales, sociales y/o laborales que puedan pesar más sobre dicha decisión.

El mismo debate se dio años atrás. Así, por ejemplo, el 15 de marzo de 2007 nos hacíamos eco del mismo debate en este mismo periódico, y afirmávamos que “la polémica es artificiosa y es simplimente una trampa que los administradores públicos nos ponen delante para tapar la ineficacia total de las políticas tan prometidas como incumplidas de facilitar el acceso de los ciudadanos a una vivienda digna”. Entonces gobernaba el PSOE y ahora lo hace el PP, cambiandose las tornas; y no les falta razón a las filas de los diputados populares cuando se acusa al PSO “… de no haber hecho “absolutamente nada” para incentivar el alquiler durante sus años de gobierno y de usar la política de la vivienda como “arma arrojadiza”.

La Ley del Alquiler que ahora se está debatiendo no ha sido demandada por el sector, y ciertamente, su objetivo es el de facilitar la inversión inmobiliaria de las sociedades de capital y fondos de inversión. El recorte de derechos a los inquilinos, que el propietario normal no ha solicitado (el propietario individual sólo quiere estabilidad en el alquiler, cobrar pacíficamente y que la Ley sea ágil en caso de morosidad), maquilla su vedadero objetivo de facilitar a los inversores de grandes capitales la compra de grandes estocs de viviendas y dar más posibilidades de sacar los inquilinos. La fórmula consiste en desproteger al 100% los inquilinos, que al no inscribir los contratos en el Registro de la Propiedad podrán ser desahuciados más fácilmente sin respetar los plazos, ahora más breves, de duración mínima de los contratos.

Muy posiblemente al cambiar de año se aprobará la Ley y podremos entonces valorar sus efectos. Pero es importante que el lector no pierda de vista que el principal objetivo de la Ley es el que hemos comentado mediante este artículo.

Aprovecho para desear a todos los lectores que el año que ahora acabamos haya sido para todos el más malo de los que puedan venir.