Revisiones catastrales disimuladas

3 Enero 2013 por Joan Planas

DIARI DE TERRASSA

El 28 de diciembre, parece hecho a medida, históricamente, para las inocentadas. A efectos legales, su proximidad al día 31 se aprovecha para dictar medidas legales impopulares, sea por parte del gobierno estatal socialista o por el mal dicho popular.

De este modo, este último 28 se publico en el BOE la “Ley 16/2012, de 27 de diciembre, por la que se adoptan diversas medidas tributarias dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y al impulso de la actividad económica”.

A los efectos de este comentario, no haremos mención de las conocidas medidas como la de supresión de la deducción de desgravaciones fiscales a la compra de vivienda o a la realización de obras de mejora también en la vivienda, sino que haremos mención de dos cuestiones de las diversas que muy técnicas se relacionan y modifican en esta ley.

Sí lo haremos sobre la nueva facultad de los Ayuntamientos de aprobar y por tanto modificar las Ordenanzas Fiscales vigentes a 2013, siempre que lo hagan antes del 1 de abril de 2013 (para incluir cuestiones nuevas de la Ley para el 2013). Como puede suponer cualquier lector, por más neófito que sea en la materia, hay un regusto inconstitucional especial en una medida como esta que permite legalizar una inseguridad jurídica tal como la de aplicar con efectos a 1/01/2013 tributos municipales aprobados con fecha de 1/04/2013. Vaya una miseria de poderes públicos que tenemos (ninguno recurrirá ante el Tribunal Constitucional una medida como esta, poues la voz ciudadana no pasará por los partidos políticos, que después hablan de desafección; sino que permanecerá apagada porque la Ley impide la reclamación de insconstitucionalidad directa del ciudadano).

Pero entre otras cosas, lo que hace esta Ley es permitir que los Ayuntamientos puedan pedir la actualización de valores, no con la realización de estudios de mercado y ponencias, sinó “por aplicación de coeficientes en función del año de entrada en vigor de la correspondiente ponencia de valores del municipio”, y lo podrán pedir al Catastro si han pasado más de 5 años desde la entrada en vigor de los valores catastrales derivados del anterior procedimiento de valoración colectiva de carácter general, que en Terrassa es con efectos desde hace 15 años.

En Terrassa, por ejemplo, el dato es de 1997, pero la pregunta es, teniendo en cuenta que el valor catastral catastral legalmente no puede ser superior al 50 por ciento del valor catastral, si el lector puede comprobar si este valor de su propiedad se ajusta o no a la legalidad.

Los políticos españoles, que hablan de desafección ciudadana cuando se trata de elecciones, se entestan en engañar al ciudadano con normas que no puede comprender, expresamente difíciles de entender (no porque el ciudadano sea corto, sinó porque la voluntad política es de hablar un lenguaje extraño e incomprensible para el ciudadano).

Pregúntese el lector qué harán los Ayuntamientos, que no tendrán que soportar los estúpidos ciudadanos y sus propuestas, sinó sólo enviar una cartita al Ministro de Hacienda, dirigida al Director General del Catastro, pidiéndole que aplique aquellos coeficientes.

Se ahorrarán que lo conozcan los ciudadanos, se ahorrarán conocer la opinión de los representantes sectoriales de los ciudadanos (en este caso las Cámaras de la Propiedad como representantes de los propietarios) y podrán así también fardar de la legalidad de su medida de aumentar legalmente la presión fiscal (vergonzoso y antidemocrático a la par).