Abogados, Justicia y tasas

DIARI DE TERRASSA

Si la construcción era el triste motor de la economía -y la frase es para llenar libros sobre el monocultivo que la construcción resultó ser para la economía catalana y la desviación que eso supuso para inversiones en economía productiva hacia el tocho y hacia la corrupción o gastos faraónicos- hoy es el lastre número uno, aún, de la economía catalana y española.

Podemos decir, sin ninguna duda en la afirmación, que si mañana explotan (a la derecha española siempre le ha gustado decir que explotar sólo se explota a los obreros, que debemos decir, si no se trata de obreros, explosionar), cuatro u ocho bombas en diferentes lugares simbólicos turísticos del Estado (Mallorca, Barcelona, Madrid o Valencia), muero el tocho y afectado el turismo la economía española se iría a hacer puñetas irremediablemente. Tanto si son bombas de terroristas islamistas, como si son de otro tipo (debemos tenerlo presente, pues nuestra economía es de cristal). Pensemos que hoy el turismo en España no ha caído más “gracias” a los problemas de inestabilidad de Egipto y el resto de países con problemas de seguridad que eran competencia nuestra.

Pues bien, la quiebra de la construcción ha arrastrado a las actuales cifras de paro, que entre los profesionales liberales del ramo, arquitectos, arquitectos-técnicos o aparejadores (obviamente también a la resta de personal), hace años que son protagonistas. Además, como se trata de profesionales liberales, el paro no les ampara y tienen que sobrevivir en la miseria conjunta más absoluta. Ayer, por ejemplo, como administrador de fincas que soy, me llega un correo electrónico en el que un despacho de estos profesionals oferta hacer las ITE (Inspecciones Técnicas de Edificios) a coste cero (imposible, pues existe una tasa de la Generalitat que sube más que lo que se contaba de honorarios para hacer la inspección). Eso quiere decir que hay gente -profesionales- dispuestos a trabajar a coste cero, esperando poder cobrar de las obras que se les encarguen para las deficiencias que encuentren en los edificios inspeccionados (no creo que el coste cero sea muy buena propaganda).

Y en este marco, resulta que las estadísticas cifran en un 74% los abogados que manifiestan que en la situación actual no se ven capaces de seguir.

Y es que si de la situación actual no se escapa nadie, a pesar de los Bárcenas y cargos públicos del PP que hayan cobrado o cobren negados sobresueldos u otros políticos que viven entre la corrupción y cargos hechos a medida en la administración pública o en empresas públicas que conforman el pesebre de toda la miseria ciudadana, a los abogados -muchos sin otro despacho ni personal que no sea el propio domicilio o un bar o establecimiento público cercano a los edificios judiciales y un teléfono móvil desde el que atender alguna llamada que pueda caer- les acaba de tocar el gordo. El Estado impone unas tasas abusivas, con las que pretende descolapsar la Justicia a base de cerrar la puerta a su acceso, arrasa con las tasas mínimas de la Generalitat, se lleva mucho dinero a Madrid, que jamás volveremos a ver, y en el impedir a los ciudadanos el acceso a laJusticia, acaba con todo el sector de los abogados y procuradores (de los que ya se prevé su desaparición por ley). Por cierto, es difícil entender como mucha alta magistratura (no los Jueces de ciudad a cargo de un Juzgado normal), acumula trabajo y trabajo y, en cambio, tiene tiempo de sobras para conferencias, libros, programas de televisión, artículos y demás actividades compatibles y onerosas.

En fin, no creo que sea necesario más comentario, que el lector saque sus propias conclusiones, ya que a partir de ahí los comentarios que haríamos serían casi disparates.

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